Lo ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue un duro golpe que varios aspirantes a la gubernatura del estado de Veracruz recibieron tras esa determinación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la llamada Ley Nahle.

Pero luego de la revolución que se armó apenas salió el veredicto a medio día del pasado martes, lo cierto es que fue eso, una rebatinga. Algunos festinaron, otros le apostaron al daño mediático y golpeteo para la aludida aspirante de Morena, Rocío Nahle y fue la propia secretaria, quien terminó con parte de la controversia afirmando que "se acata la disposición".

Pero no quedó del todo claro y los detractores tuvieron que callar, pero algunos analistas se quedaron cortos y no vieron más allá del daño real y los alcances de dicha invalidación a la norma. Y de estos quedaron algunos enganchados en el perchero, tanto de Morena como del PAN.

Hay que recordar que la referida reforma fue aprobada el año pasado por el Congreso del Estado, y publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 11 de agosto de 2022, en ella se estableció como fracción III del artículo 11 de la Constitución local, que serían veracruzanos "las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano".

Al respecto la SCJN resolvió que dicha modificación era inadmisible porque implicaba establecer un fraude a la Constitución Federal, que establece como requisito para ser gobernador de un estado, el ser nativo del mismo, entendiéndose por esto únicamente a los nacidos dentro de su territorio, sin que quepa otra forma de adquirir la calidad de veracruzano.

Al mismo tiempo, las SCJN determinó que en Veracruz para ser gobernadora o gobernador, además de ser nativo de la entidad, se requiere contar con una residencia efectiva no menor a 5 años antes de la fecha de la elección, ya que ambos requisitos se encuentran establecidos desde el artículo 116 de la Constitución Federal.

Si bien existen aún puntos por aclarar, pues han salido otros actores y autoridades en la material a hablar del tema. El Órgano Público Local Electoral, Ople, por ejemplo, la máxima autoridad electoral en Veracruz, señaló este jueves en voz de su consejera, Marisol Delgadillo que para el Ople, todas aquellas personas que sean inscritas en su momento como candidatos a la gubernatura de Veracruz, deberán cumplir como requisito mínimo ser originario de la entidad o acreditar cinco años de residencia.

El hecho que está claro como requisito fundamental en la Constitución del Estado es que se debe mantener esa residencia efectiva de 5 años.

Con lo anterior, sin duda además de lo dicho ya con Rocío Nahle, el que parece no tocar ni baranda es el panista, Miguel Ángel Yunes Márquez.

Cumplir con el requisito de los 5 años de residencia efectiva es imposible para éste si se toma en cuenta que ya fue imposibilitado para participar como candidato a alcalde del puerto de Veracruz en la pasada elección del 2021 por no tener los 3 años mínimo de residencia efectivo, debido al tiempo que pasó fuera, en París, en particular.

Esta inhabilitación judicial lo alcanza y no podrá cumplir lo que obligatoriamente se marca como requisito, si bien es que no tiene problema por ser veracruzano de nacimiento.

Otro herido de muerte es el empresario y alcalde xalapeño, Ricardo Ahued, aunque hay que decirlo, no ha alzado la mano del todo para decir que quiere ser gobernador.

MUY EN CORTO

LOS EXALCALDES EN LA MIRA DEL ORFIS. Llama la atención que existen al menos 19 exalcaldes, como lo informó el Orfis, que enfrentan daño patrimonial en las Cuentas Públicas desde 2017 a la del 2020.
En el proceso que ya deberá interponer o lo hizo el Congreso Local existen 60 denuncias bien fundamentadas por el organismo que dirige la Auditora General, la maestra Delia González Cobos.

Toca a los legisladores proceder, y en busca de recuperar esos millones de pesos, pero que la lentitud e impunidad de nueva cuenta parece imponerse. Y es que existen según el Orfis 12 denuncias interpuestas en el 2020 y 26 en el 2019 pero que se recuerde, ningún exalcalde ha sido procesado por esta razón.

Así que de nada sirve el trabajo de fiscalización si en las siguientes instancias no hay voluntad política para proceder. Dicen los mal pensados que, entre el Legislativo y la Fiscalía se encuentra el negociazo para que las autoridades municipales que son procesadas le "entren a Belén cantando".

Por cierto que habría que esperar si hay más denuncias y figura algún ayuntamiento de mediano o más alto nivel, ya sea por el manejo de presupuesto o magnitud de población, puesto que se recuerda que Veracruz puerto estuvo mencionado en la lista de la Cuenta 2020.

CD/YC