Las cifran son realmente escalofriantes: más de siete mil personas desaparecidas en el estado de Veracruz oficialmente reconocidas, sin contar el subregistro no oficial, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alan García. Nuestro estado es la entidad con mayor número de desapariciones despues de Guerrero. Tamaulipas es el estado líder en investigaciones de este tipo. De esos más de siete mil, en 2022, se sumaron 267 mujeres. De los reportados oficialmente solo se alcanza a localizar menos del 5% y por desgracia, casi la mitad de ellas sin vida. En la lista figuran desde niños, niñas, amas de casa, estudiantes, choferes, ingenieros, policías, etc., en situaciones que podrían estar vinculados con casos de trata, crimen organizado o algún otro delito de orden federal. Solo 6 de cada 10 son buscados por la fiscalía especializada en desaparecidos.

Este problema arrastra niveles de dramatismo y cruento inhumano inimaginables. No dudo que no puede haber mayor desesperación que tener un familiar desaparecido. Vivir en la angustia de no saber qué pasó con él. Si vive o muere, si está siendo abusado, si se encuentra en buenas o malas circunstancias. Este drama, por desgracia afecta y lo cargan las familias, quienes ante la desesperación se dan a la búsqueda por su propia cuenta, sustituyendo al estado en lo que tendría que ser su obligación primaria y que por desgracia no llevan a cabo y es que no puede haber mayor pena que morir sin saber que pasó o reencontrarse con sus familiares. La sociedad creo que del todo no es consciente de una situación de esta magnitiud.

Todos pensamos que no nos va a pasar, pero la realidad es que todos estamos expuestos. La posibilidad está ahí. Escuchamos historias escabrosas de personas que sí, puede que hayan estado cercanos a delitos y actos de violencia que les acarreó la situación, pero también, suenan los factos, donde a base de engaños bastante simples, las personas no vuelven jamás. Se cuentan desapariciones individuales y hasta grupales, como la de Atoyac en 2014, donde levantaron a 20 de “un tirón”, y es la fecha que no hay solución.

Sobre la barda de la USBI en es puerto de Veracruz, en la actualidad, podemos ver los carteles de algunas víctimas, pero seguramente no alcanzamos a imaginar el dolor de los involucrados en el hecho.
No nos resta más que cuidarnos, encomendarnos y seguir exigiendo a nuestros gobernantes seguridad y no olvidarnos de los que no han podido regresar. Nuestros gobiernos movilizan marchas políticas donde acuden millones de personas a criticar y a exigir otro tipo de situaciones, pero hasta ahora, no hemos visto una donde realmente se toquen este tipo de temas tan sensibles. ¿Hasta cuando seguiremos en penumbra del “aguante”, de la impunidad y hasta del socorro?

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CD/GL