Evidentemente, las pensiones no pueden subir menos que el IPC anual, porque la subida es del cómputo medio del año anterior y en febrero de cada nuevo año el coste de la vida ya se ha incrementado más, y los jubilados tienen que esperar a que transcurra el año, para que se revaloricen sus ingresos.

Los dirigentes políticos de España deben pensar en mayores subidas, ya que un incremento de 0,25% anual es una ridiculez, que no da ni para comprar dos barras de pan o para tomar dos cafés. Los políticos que están en el poder deben ir por delante de la subida de la inflación, con el fin de proteger la capacidad de compra de los jubilados, para que puedan vivir dignamente.

La microeconomía es lo decisivo y no la macroeconomía. La Unión Europea critica negativamente la reforma de las pensiones de Escrivá, porque dice que no es sostenible y duplica el déficit del sistema que alcanzará el 3,1%, el doble de lo que estimaba el ministro socialista. Esto es una suposición de la UE y, en mi opinión, no puede poner condiciones al Gobierno español afirmando que el plan del PP es mejor, porque habría menos déficit. De hecho, los ingresos para poder pagar las pensiones pueden ser alcanzados, con distintas estrategias de compensación económica, a través de las cotizaciones y de los impuestos, así como con la reorganización de la hucha de las pensiones, con medidas combinadas que garanticen la sostenibilidad de las cuentas del Estado español. Y todo esto lo organiza el propio gobierno español, de forma autónoma.

Que el cuarto pago de los fondos europeos para las pensiones esté en el aire, dependiendo de las decisiones que se tomen en relación con la segunda parte de la reforma, es una presión injustificada de la UE para que se lleve a cabo una política macroeconómica y cuadrar el déficit o las cuentas públicas y que, en realidad, es una decisión que corresponde tomar, de forma soberana e independiente, a los representantes políticos de los ciudadanos españoles, que están ejerciendo el poder.

Aunque España sea el país con mayor aumento del gasto en pensiones, si pensamos en 2050 y en 2070 estaríamos realizando proyecciones a muy largo plazo, que no son fiables y están sujetas a muchas variaciones, que son actualmente imposibles de saber. Un posible incremento de hasta 4,6 puntos porcentuales del PIB que llegue hasta 2070 es asumible, si no se quiere que los jubilados pasen hambre o no puedan vivir con suficiencia económica o dignidad, algo reconocido por la Constitución española y por los Derechos Humanos La solidaridad intergeneracional es absolutamente necesaria. Llegaremos a mayores y desearemos tener buenas pensiones.

La sostenibilidad de las pensiones de jubilación es el caballo de batalla en numerosos países y también en Europa, por el incremento de la longevidad y el envejecimiento de la población. A este problema se puede hacer frente de diversas formas. Una de ellas es, sin duda, aumentando la cotización de empresas y trabajadores, otra es destinar más fondos procedentes de los impuestos para el gasto en pensiones. Además, los grandes bancos, compañías y empresas, que gozan de unos beneficios anuales astronómicos y los ricos y también los multimillonarios de España, deben aportar mucho más dinero a Hacienda, como se hace en los países nórdicos y en algunos otros. De este modo, habría también más fondos económicos para las pensiones.

Subir la edad de jubilación de forma obligatoria es discriminatorio e injusto por muchas razones. Puesto que de esa manera habrá mucha gente que morirá trabajando, sin llegar a su merecida jubilación después de haber cotizado durante más de 30, 35 o más años a la Seguridad Social. Es desproporcionado y perjudica la calidad de vida de las personas y está en contra del derecho a la vida.

La justicia social no son palabras vacías, sino que son la expresión de lo que representan los Estados democráticos de derecho. La sociedad del bienestar no es una idea utópica, es algo alcanzable, pero hace falta voluntad política, con el fin de tomar las medidas políticas indispensables, para que la microeconomía de millones de ciudadanos esté por encima de los planes económicos de burócratas, que en sus despachos diseñan una política macroeconómica teórica, que desprecia las necesidades económicas de los jubilados o no las tiene en cuenta.

En los próximos años y décadas la Inteligencia Artificial y la robótica revolucionará la economía del neocapitalismo global salvaje existente en la actualidad. Desaparecerán numerosos trabajos y es posible que mucha gente no pueda trabajar. Esto producirá unos cambios de paradigma tremendos, que ya está siendo pensados y analizados por expertos en estas cuestiones. La política cambiará radicalmente, por causa de la digitalización masiva. Los millones de robots o sistemas automáticos y de Inteligencia Artificial tendrán que cotizar, como si fueran trabajadores humanos, para el sostenimiento del sistema de jubilación y desempleo. Y esto sucederá dentro de unos pocos decenios, antes de que acabe este siglo XXI. Nuevos modos de vivir surgirán y estas discusiones menores sobre la sostenibilidad ya habrán pasado a la historia.

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CD/NR