El revuelo que ha causado el acuerdo entre el Gobierno central y los partidos independentistas, en relación con la ley de amnistía es entendible, porque, en el fondo, supone dinamitar el Estado de Derecho en España. Es el principio de un proceso continuo de cesiones, para mantenerse en el poder a costa de lo que sea. No es cierto como dice el presidente de la Generalitat que, con esta ley, que previsiblemente será aprobada, se ponga fin a una ilegítima represión de las libertades y del derecho en Cataluña. Lo que ha sucedido realmente es un intento reiterado de declarar la independencia de un territorio, algo que no está permitido por la Constitución española. Esto es indiscutible.

No se puede manipular el lenguaje y los hechos para intentar tener razón, cuando es evidente que no es así. Puigdemont, ya ha dicho públicamente que Junts y, en general, los políticos independentistas vuelven a coger el hilo que fue cortado, por la aplicación del ordenamiento jurídico y con el trabajo de los jueces españoles, en un juicio impecable en las formas y desde una perspectiva objetiva y jurídica modélica, que fue transmitido en tiempo real a todo el planeta, hace unos años. Fue un intento de golpe de Estado o secesión que no está permitido en ningún país democrático avanzado. España no es un estado bananero.

El líder de Junts y otros ya está afirmando que seguirán reclamando activa y enérgicamente el referéndum de autodeterminación, que no será consultivo sino vinculante, desde la falaz interpretación del independentismo. El objetivo inexorable es la independencia de Cataluña con pasos sucesivos que, en unos pocos años, cause la rotura de la unidad de nuestro país. Algún alto representante político del partido socialista en el Gobierno ya ha comentado en declaraciones a los medios, que esta exigencia de unilateralidad, en relación con la autodeterminación es imposible de conceder, pero son simplemente palabras. Se sabe que ya se han aceptado exigencias de los independentistas que hace uno, dos o tres años eran totalmente inaceptables, pero la situación política ha cambiado y todo puede suceder. El grave problema es que no se debe fracturar el país, por mantenerse en el poder a toda costa, todo tiene unos límites y se están poniendo encima de la mesa unas concesiones que son injustas. Se trata de amnistiar a los principales líderes políticos independentistas desde el año 2011 hasta la actualidad.

Reformar en algunos aspectos el Código Penal y la interpretación ambigua, confusa e imprecisa de las leyes es algo de todo punto inaceptable, para hacer posible la impunidad de Puigdemont y otros políticos. Asociaciones de jueces ya han expresado su disconformidad con la ley de amnistía, por lo anteriormente expuesto.

Puigdemont ya avisa al presidente Pedro Sánchez que va a negociar cada cuestión a aprobar desde los Presupuestos hasta el reconocimiento nacional de Cataluña, algo que ya está realizado como cualquier otra nacionalidad de las que conforman el estado español. Es innegociable la autodeterminación y no se puede manipular el texto constitucional para que exprese lo que quiera el independentismo o para que pueda ser superado y no respetado.

Puigdemont no puede regresar triunfalmente, el Tribunal Supremo creo que tiene mucho que decir al respecto y, en general, los jueces que investigan los presuntos delitos de estos políticos. Jordi Turull ha dicho también: “Tenemos la amnistía, ahora vamos a por la autodeterminación” y ante estas palabras la reacción del gobierno es de perfil bajo para no impedir la aprobación del texto de la amnistía. Sigue vivo el objetivo de conseguir la independencia en un proceso que puede durar meses o quizás lo que queda de legislatura.

La Unión Europea está analizando minuciosamente lo que está causando el separatismo catalán. El terrorismo de baja intensidad relativa está también siendo investigado por la justicia española y esto no le parece bien a Pedro Sánchez, porque es un supuesto obstáculo para la gobernabilidad del país. En realidad, los jueces españoles están realizando admirablemente su labor de investigación y la aplicación de las leyes de acuerdo con hechos probados. Está también la presunta colaboración de otro país con el independentismo.

Se puede partir de la presunción de inocencia, pero eso no significa que valga todo, con tal de seguir gobernando este país durante esta legislatura, que presumiblemente durará cuatro años, pero con unos costes políticos absolutamente irracionales y que vulneran el imperio de la ley, propio de todo estado democrático.

Es perfectamente entendible, que más del 60% de los ciudadanos españoles estén en contra de la amnistía. La igualdad ante la ley salta hecha añicos. Y lo relativo a la reconciliación es una falacia, porque son los intereses políticos de menos de la mitad de la ciudadanía catalana los que respaldan esta política, que es incoherente con la tendencia actual, en la que los países procuran ser cada vez más potentes, tanto económica como políticamente. Es lo que corresponde. No podemos regresar a los reinos de taifas de la Edad Media. La disgregación de España ante los retos presentes relativos a la paz, el progreso y una economía sostenible sería algo terrible que perjudicaría muy gravemente a todos los ciudadanos españoles incluidos los que viven en Cataluña.

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CD/YC