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Ene 26, 2022 / 19:13

Necesario, pasar del discurso a la acción en violencia contra mujeres: Domínguez Arévalo

A invitación del TSJ, la presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana disertó la conferencia Un nuevo delito en materia de género, violencia política contra las mujeres

Villahermosa, Tab.- En el marco del Día Naranja, momento para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra la población femenil, el Tribunal Superior de Justicia auspició la conferencia Un nuevo delito en materia de género, violencia política contra las mujeres, durante la cual la presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, subrayó que uno de los principales retos en esta materia es pasar del discurso a la acción.
A nombre del presidente del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza, la titular la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Irma Salazar Méndez, refrendó el compromiso de la institución para combatir la violencia contra las mujeres, lo cual se materializa con hechos, de ahí que desde enero de 2019 se pusieron en marcha acciones y programas completos de capacitación para que todos los servidores judiciales ejerzan mejor sus funciones.
Lograr un cambio requiere del compromiso sostenido y cotidiano de todos los que forman parte de la institución, dijo por lo que llamó a los participantes en la conferencia, transmitida vía streaming, a que este esfuerzo no se quede únicamente en las capacitaciones, sino tomar conciencia y concretarlo en acciones.
Rosselvy del Carmen Domínguez recordó que las reformas en materia de violencia política fueron aprobadas por unanimidad por la Cámara de Senadores y su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020 permitió se hicieran modificaciones a otras ocho normas jurídicas, entre ellas las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en Materia de Delitos Electorales, de Partidos Políticos, y de Responsabilidades Administrativas, así como las leyes orgánicas de la Fiscalía General de la República, y del Poder Judicial de la Federación.
Señaló que desde antes de que se estableciera como delito ya había varios precedentes en materia electoral y desde 2014 poco a poco se han ido implementado medidas para equilibrar la desigualdad existente entre géneros, en la búsqueda de la igualdad sustantiva. Agregó que con las nuevas disposiciones se tienen reglas, normativas y sanciones para este tipo de delito, aunque aún hay mucho por aprender sobre el tema.


Domínguez Arévalo mencionó además que México tiene una obligación internacional para prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y desde las instituciones se debe hacer este tipo de ejercicios de concienciación para que desde todas las esferas se vaya erradicando la problemática, que adquiramos conciencia de que existen desventajas por razón de género, desigualdades y se debe trabajar diariamente para reducir esas brechas.
Consideró que con todas estas reformas hoy se cuenta con un catálogo más amplio de expresiones para constituir el delito de violencia política. Dichas reformas van dirigidas no sólo a las candidatas sino también para aquellas féminas en ejercicio de funciones o quienes han sido designadas a un cargo.
Con esta tipificación jurídica se va en defensa de todas las mujeres, las que están en la vida pública y las que no lo están, pero que tuvieron o tienen relación con hombres en la esfera pública, de ahí que en el pasado proceso electoral el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un acuerdo para que ningún hombre que tuviera una condena por violencia doméstica, delitos sexuales, o esté en el registro de deudores alimentarios o morosos, pudiera ser candidato a un puesto de elección.
Para ello, en algunos estados los órganos electorales locales hicieron convenios con los tribunales superiores de Justicia para disponer de esa información, pero fueron pocas las entidades federativas donde se dio seguimiento al acuerdo del INE y a nivel nacional se efectuó de manera aleatoria.
La titular del IEPCT explicó que las denuncias más recurrentes por violencia política contra las mujeres han sido por ataques en redes sociales, amenazas para que renuncien a la candidaturas o cargos, secuestros exprés, y agresiones. De junio de 2020 a 2021 los casos denunciados ante el INE fueron 147 y a través de la Asociación de Consejeras Electorales se identificaron 467 procedimientos en el proceso electoral más reciente.
Domínguez Arévalo detalló que en lo que va de la publicación de la reforma a abril de 2021 se han resuelto 647 casos ante los órganos electorales.
Informó que se ha sancionado a funcionarios electorales, integrantes, representantes, simpatizantes, aspirantes de partidos políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, concesionarios de radio y televisión además de periodistas.
Las sanciones son sumarias y como medida de no repetición existe un registro para quienes tienen una resolución en firme, los cuales no podrán participar en procesos electorales por un tiempo determinado y de acuerdo a la sanción.
A nivel nacional en total 14 mujeres y 99 hombres están en la lista, de los cuales uno de Veracruz cuenta con nueve registros por incidir en esta conducta. En Tabasco están inscritas dos mujeres, una por acción y otras por omisión, lo que muestra que se puede sancionar a quien ejecuta la acción o quien la permite.
Aseveró que con la comisión de este delito se trata de demeritar la labor, trayectoria, el trabajo y la experiencia que pudiera tener una persona por el hecho de ser mujer, y esto se debe a que ellas poco a poco fueron llegando a los cargos y ahora arribaron en masa en virtud del principio de paridad, de ahí que los casos han aumentado, porque se les ve como usurpadoras.
Esa es la razón de las acciones encaminadas a proteger y evitar estas conductas para que no exista ningún tipo de violencia contra el género femenino, y esta es muestra de que sí se busca erradicar esta situación y además ningún violentador llegue al poder bajo el principio de inocencia, sostuvo.

CD/GL

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