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Mar 15, 2019 / 17:56
Garantizar constitucionalmente los derechos de las mujeres y comunidad LGBTTTI
Garantizar constitucionalmente los derechos de las mujeres y comunidad LGBTTTI
Ciudad de México.- En el Primer Coloquio sobre reformas constitucionales con perspectiva de género, diputados y especialistas analizaron cambios a los artículos primero, cuarto y 123 de la Carta Magna, para garantizar plenamente los derechos a las mujeres e incorporar los de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersexuales (LGBTTTI).



La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Wendy Briceño Zuloaga, estimó que luego de conocer la información aportada en el coloquio, “nos dejan diversas tareas y la necesidad de fortalecer nuestra agenda para esta legislatura”.



Consideró que los cambios legales requeridos en la materia son estructurales y algunos tomarán tiempo; sin embargo, “entendemos que son inaplazables, porque es el compromiso de todas las y los diputados”.



Si bien hay diversidad de edades y perfiles, “existe una tendencia que se inclina hacia los jóvenes; es decir, hay una revolución de pensamientos sobre lo que le hace falta a nuestro país”.



Para que las reformas legales avancen se necesita la coordinación de distintas comisiones; son temas torales que involucran a la sociedad en su conjunto.



El integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena), consideró necesario legislar y pronto sobre este tema; hay que revisar tratados internacionales e iniciativas pendientes en el rubro de licencia de paternidad.



“Tenemos compleja tarea de cambiar el sistema fallido y entorno injusto, en el que el Estado se desentendió de sus responsabilidades sociales”, añadió.



La actualidad demanda al Congreso, trascender la Legislatura de la Paridad para que exista un cambio verdadero que termine la construcción de políticas de Estado, que garanticen igualdad y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.



La secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena) señaló que la tarea de los legisladores es garantizar que los productos jurídicos no se queden en conceptos; es decir, inoperantes.



Añadió que el Sistema de Administración de Justicia, que es la vía por donde muchas veces no se concretan los esfuerzos normativos, es primordial construir un nuevo modelo para que realmente las autoridades realicen su trabajo.



La secretaria de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual diputada Ana Lucia Riojas Martínez (sin partido) señaló que si antes no se cuestionaba la norma heterosexual, ahora sí, “nos corresponde y es nuestro responsabilidad hacer el mejor trabajo que podamos, para llevar una vida plena desde la diferencia no sólo corporal sino cualquiera”.



Hana Aoi (María Alejandra Sánchez Monroy), representante de la organización Intersex, expresó que es fundamental promover reformas contra la discriminación o modificar la legislación existente, con miras a prohibir todas sus formas, que incluya la basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales.



La violencia que sufren estos grupos adquiere dimensiones escalofriantes de crueldad y de saña, y han sido tipificadas en el mundo como delitos de odio. “No surgen de la nada ni son actos de personas dañadas, sino de reconocer que son un conjunto de presuposiciones y regulaciones culturales, sociales y jurídicas, en torno a la expresión de la función que se asigna a la sexualidad humana”.



La inclusión de las características sexuales sería un paso fundamental para dar visibilidad a una problemática que viven miles de personas desde su más temprana edad, que se repite cada día y exige una serie de modificaciones en las leyes y norma oficiales, para poner fin a prácticas que más que velar por la salud o el interés superior de la infancia, están vulnerando sus derechos humanos.



El profesor-investigador en la Universidad Pedagógica Nacional, Ignacio Lozano Verduzco, detalló que entre el 63 y 83 por ciento de las personas LGBTTTI han vivido alguna forma de violencia o discriminación por su orientación sexual e identidad de género; los grupos que reportan en mayor agresión son: mujeres trans, hombres trans, hombres gay y mujeres lesbianas, y los espacios donde más se dan estas formas de exclusión: escuelas, lugares públicos (calles y centros comerciales), y la familia.



Además, estas poblaciones sufren discriminación en su derecho al trabajo (se les pide prueba de VIH y sufren de acoso y hostigamiento); a la salud (consideran que no hay servicios adecuados y el personal no está capacitado); a la justicia (muchos son blanco de violencia por parte de una autoridad pública y son arbitrariamente detenidos por su condición LGBTTTI), y a la educación (reportan nunca haber recibido información sobre sus derechos y ser discriminados por integrar esta comunidad).



Derivado de expresiones de discriminación y violencia, muchas personas LGBTTTI se ven forzadas a ejercer el trabajo sexual como único medio de sobrevivencia, exponiéndose a la estigmatización; otras abandonan sus estudios, unas más no cuentan trabajo y la mayoría carece de espacios de recreación libre. Pugnó por un Estado que garantice el ejercicio libre de la personalidad y de la agrupación.



Alma Cecilia Guerrero Zapata, representante de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar AC, señaló que es primordial que los derechos sexuales se integren a la Carta Magna, toda vez que son garantías individuales



Los mayores retos a nivel nacional son lograr garantizar el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre su cuerpo, la educación integral de sexualidad y a recibir datos científicos, completos y veraces acerca de estos temas, pues son acompañados por estigma, por lo que es conveniente que el asunto no debe abordarse como una posición o una creencia, sino como garantía que debe cumplirse.



Recordó que diversos organismos internacionales han sugerido a México reformar y armonizar los Códigos Penales, pues aún hay artículos discriminatorios en cuanto a derecho sexual se refiere, y advirtió que en la actualidad no cuentan con un reconocimiento en las leyes y en un orden jurídico.



Corina Martínez Sánchez, representante de Red Balance, resaltó que la iniciativa que se analiza busca que las entidades federativas, ministros de la Corte y los jueces tengan la responsabilidad de asegurar las garantías individuales en materia sexual y reproductiva.



Únicamente, a través del respeto de los derechos, incluido, el aborto, se podrá respetar y proteger los derechos a la vida. “La educación sexual integral fomenta decisiones libres e informadas”.



Los derechos humanos plasmados en la Constitución, enfatizó, buscan que los gobiernos no discriminen a las personas, por lo que negar servicios de aborto es dañar el derecho a la salud y una discriminación institucional por parte del Estado.



Guadalupe Ruiz Coutiño, investigadora y abogada feminista, dijo que estas reformas constitucionales que se impulsan con perspectiva de género y enfoque feminista son un paso importante en la democratización de los procesos políticos, porque sin mujeres no hay transformación de ningún tipo.



Las modificaciones al artículo 4 de la Carta Magna representan una oportunidad para reivindicar los derechos humanos de las mujeres, ya que reconocen las diversas formas de relacionarse en comunidad familiar, incluyendo a parejas del mismo sexo; a decidir sobre el cuerpo, la erradicación de todos los tipos de violencia, el libre desarrollo de la personalidad y autonomía reproductiva y la igualdad sustantiva en la función pública.



Francisco Cué Martínez, representante del Grupo de Información en Reproducción Elegida AC, expresó que no se puede hablar de una despenalización del aborto si continúa tipificado en el orden penal.



“El aborto sigue considerándose un delito en el país, que se castiga con cárcel casi en todas las entidades, tanto para la mujer que aborta como para quien se atreva a ayudarlas, en suma siguen siendo criminalizadas”.



El Estado mexicano empleará todas las medidas apropiadas para terminar con la violencia en contra de las mujeres; no deja de sorprender que en la Carta Magna no esté explícita; es necesario diferenciar la igualdad jurídica de la sustantiva.



Dalia Berenice Fuentes, representante de X Justicia, explicó que la reforma al artículo 123 plantea estipular que el patrón tome medidas a conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores, a fin de garantizar la igualdad sustantiva en la realización de las tareas del cuidado de sus familias.



Refirió que el sector privado no se siente obligado por la Constitución, por lo que es fundamental que el Estado promueva que para fortalecer la economía se debe impulsar la convivencia con sus familias.



Para generar una verdadera y eficaz legislación laboral se debe contemplar la flexibilidad y escalonamientos en los horarios, trabajo a distancia, permisos para cuidar a las personas dependientes, para asistir a las actividades escolares, en caso de maternidad, paternidad y en periodos de lactancia; todo ello, para para que cumplan con sus actividades familiares.



Blanca Juárez Pérez, feminista, destacó: en el ámbito laboral las mujeres son puestas a elegir ¿tu hijo o tu carrera? muestra del modelo patriarcal. “Los horarios en las empresa, incluso, la idea de éxito esta moldeada desde una visón masculina, porque ellos podían estar ocho horas seguidas, ya que existía alguien –una mujer- que se encargaba de cuidar a los hijos, pero ahora ellas tienen empleos, donde su paga es menor y aunado a esto realizan diversas actividades en su casa, por lo que su tiempo de descanso es mínimo.



De concretarse la reforma al artículo 123, la Cámara de Diputados tendrá que ir más allá y aterrizar leyes secundarias que eviten que los derechos de las mujeres queden sólo en el papel. Para ello, se deberá inspeccionar que no se aprovechen de la flexibilización del trabajo para cargar de más tareas a las mujeres con una menor paga.



Mencionó que de acuerdo con el Diagnóstico Internacional de Discriminación hacia personas de LGBTTTI, elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quienes son más discriminadas en el ámbito laboral son las mujeres lesbianas y las Trans, por lo que mencionarlas en la Constitución será un primer paso para respetar sus derechos.




CD/GL

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